Publicado por Diario de Navarra.
Actualizada 25/12/2012 a las 08:45
Un hombre habla por su teléfono móvil en la calle Gaztambide-Carrera de Tudela..ARCHIVO
El Ayuntamiento de Tudela dejará de ingresar unos 128.000 euros anuales de la tasa que cobraba a las operadoras de telefonía móvil que utilizan antenas de otras compañías para prestar servicio en la ciudad. Esta tasa fue anulada por el Tribunal Supremo hace dos meses porque aseguraba que sólo se puede cobrar a las empresas que son titulares de las instalaciones. La sentencia del Supremo llegó después de que el Tribunal de Justicia Europea confirmara que este canon vulneraba las directivas europeas en este sentido.
El ayuntamiento calculaba la cantidad que tenía que pagar cada empresa según su cuota de clientes en la ciudad. Así, para el presente año Telefónica Móviles tenía que pagar 60.679,18 euros (47,10% de cuota de mercado); Vodafone, 39.293,31 euros (30,5%); Orange, 22. 803 euros (17,7%); Yoigo, 3.091,93 euros (2,4%); y otras empresas menores, 2.963,1 (2,3%).
Fuentes consultadas del ayuntamiento tudelano señalaron que ninguna de las operadoras tendrá que pagar la tasa, ya que ninguna tiene antenas en propiedad, aunque sí otras empresas de su grupo.
Tras la sentencia del Supremo, el ayuntamiento ya ha empezado a anular la liquidación de esta tasa. De hecho, en la última Junta de Gobierno Local se acordó tomar esta medida con tres empresas sobre la liquidación del primer trimestre de este año. Son Xfera Móviles (operadora de Yoigo), con 772,98 euros; Vodafone España, 9.823,33 euros; y France Telecom España (Orange), con otros 5.700,75 euros.
DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO
A partir de ahora, el ayuntamiento tendrá que estudiar qué tasas ya pagadas tendrá que devolver a estas empresas, algo que todavía no se ha cuantificado. De hecho, hay algunos recursos con sentencia firme a favor del consistorio, por lo que esas tasas no habría que devolverlas. Además, hay varias empresas que han optado por no pagar la tasa, sino aportar avales, por lo que no habrá que reintegrarles el dinero.
La ordenanza que regula esta tasa se empezó a aplicar en el año 2008 y contemplaba como hecho imponible el aprovechamiento del dominio público, siempre que se deban utilizar antenas u otras instalaciones, independientemente de quién sea su titular. Tudela fue uno de los primeros ayuntamientos de España en aplicarla, pero finalmente ha sido anulada por el Tribunal Supremo.
El ayuntamiento calculaba la cantidad que tenía que pagar cada empresa según su cuota de clientes en la ciudad. Así, para el presente año Telefónica Móviles tenía que pagar 60.679,18 euros (47,10% de cuota de mercado); Vodafone, 39.293,31 euros (30,5%); Orange, 22. 803 euros (17,7%); Yoigo, 3.091,93 euros (2,4%); y otras empresas menores, 2.963,1 (2,3%).
Fuentes consultadas del ayuntamiento tudelano señalaron que ninguna de las operadoras tendrá que pagar la tasa, ya que ninguna tiene antenas en propiedad, aunque sí otras empresas de su grupo.
Tras la sentencia del Supremo, el ayuntamiento ya ha empezado a anular la liquidación de esta tasa. De hecho, en la última Junta de Gobierno Local se acordó tomar esta medida con tres empresas sobre la liquidación del primer trimestre de este año. Son Xfera Móviles (operadora de Yoigo), con 772,98 euros; Vodafone España, 9.823,33 euros; y France Telecom España (Orange), con otros 5.700,75 euros.
DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO
A partir de ahora, el ayuntamiento tendrá que estudiar qué tasas ya pagadas tendrá que devolver a estas empresas, algo que todavía no se ha cuantificado. De hecho, hay algunos recursos con sentencia firme a favor del consistorio, por lo que esas tasas no habría que devolverlas. Además, hay varias empresas que han optado por no pagar la tasa, sino aportar avales, por lo que no habrá que reintegrarles el dinero.
La ordenanza que regula esta tasa se empezó a aplicar en el año 2008 y contemplaba como hecho imponible el aprovechamiento del dominio público, siempre que se deban utilizar antenas u otras instalaciones, independientemente de quién sea su titular. Tudela fue uno de los primeros ayuntamientos de España en aplicarla, pero finalmente ha sido anulada por el Tribunal Supremo.
